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Con motivo del día Internacional de la mujer:
OIM DA A CONOCER SU PERCEPCIÓN SOBRE LA REALIDAD DE LA MUJER MIGRANTE

"La vulnerabilidad de las migrantes se ve exacerbada porque no tienen acceso a cuidados de salud materno infantil"
GINEBRA, 8 marzo de 2009 – La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) manifiesta que, en distintas partes del mundo, las comunidades que albergan a migrantes deberían proporcionar cuidados de salud materno-infantil accesibles, aceptables y abordables a todas las migrantes, sea cual fuere su situación jurídica, a fin de reducir la vulnerabilidad de las mujeres de cara a la migración.
Al conmemorar el Día Internacional de la Mujer, la Directora General Adjunta de la OIM, Ndioro Ndiaye declaró que: “Las mujeres y niñas, especialmente aquéllas que tuvieron que emigrar o se encuentran en situación irregular, son las más afectadas por los riesgos que entraña la migración debido a que son vulnerables a la explotación y a la violencia. Ello se ve exacerbado por la falta de acceso a cuidados apropiados de salud materno-infantil, lo que a largo plazo puede tener un costo público y social”.
La salud materno-infantil, si bien suele considerarse como un cuidado preventivo, puede dar lugar −y desde ya da lugar- a situaciones que ponen en peligro la vida y que tienen consecuencias trágicas porque no se detectan a tiempo los problemas o porque no se dispone de competencias y tratamientos adecuados. Los bebés de mujeres que no tuvieron acceso al cuidado prenatal tienden a nacer prematuramente o a sufrir otros problemas relacionados con el crecimiento y desarrollo.
La falta de cuidados de salud materno-infantil también puede perpetuar la mala salud en las comunidades de migrantes, lo que a largo plazo ejerce mayor presión en los sistemas sanitarios de las sociedades de acogida. Si no se aplica un programa de vacunación no sólo se corre el riesgo de que haya brotes de enfermedades contagiosas sino que además ello puede influir en el acceso de los niños a la escuela.
Las personas que corren mayor riesgo en el planeta son las migrantes en situación irregular y aquéllas obligadas a migrar, es decir: desplazados internos y solicitantes de asilo.
Los recientes estudios realizados en algunos países de Europa han demostrado que el no estar en situación legal no sólo acrecienta la probabilidad de que las migrantes en situación irregular estén sujetas a la violencia y a ataques de carácter sexual sino que además impide su acceso al cuidado prenatal. Ello es particularmente preocupante puesto que las migrantes en situación irregular tienen más probabilidades que otras mujeres de tener embarazos no deseados ya que no pueden acceder a servicios ni a educación en materia de planificación familiar y suelen ser objeto de violencia de carácter sexual.
La Sra. Ndiaye añadió asimismo que: “El temor a la deportación impide que muchas migrantes en situación irregular recurran a la atención de salud puesto que su prioridad es pasar inapercibidas en la sociedad. Lo máximo a que pueden aspirar en los países de destino es a asistencia de emergencia, categoría en la que no entra la salud materno-infantil salvo cuando es ya demasiado tarde”.
Incluso si en principio las migrantes viven y trabajan legalmente en otro país y tienen acceso a la atención de salud ésta no siempre es “accesible” para los migrantes. Las diferencias culturales, las barreras lingüísticas y la xenofobia pueden repercutir −y, desde ya, repercuten− en la capacidad de las migrantes de acceder a la atención de salud que requieren.
Por ejemplo, en África Oriental, el personal de salud de la OIM en el terreno considera que una de las cuestiones más apremiantes con que se enfrentan las migrantes es la falta de servicios accesibles que promuevan la salud reproductiva y la salud materno-infantil, así como la atención pre y posnatal, los partos asistidos y los programas de supervivencia infantil. Estos problemas son notables en las regiones de destino, inclusive en Europa.
Cuando se trata de desplazadas, las distancias que deben recorrer para llegar a las instalaciones de salud son el principal obstáculo en la prestación de servicios de salud reproductiva y materno-infantil, especialmente en las zonas rurales. En lugares como el Delta del Mekong, Zimbabwe e Irak, que cuenta con 2,8 millones de desplazados internos; las enormes distancias que hay que recorrer para llegar a la posta sanitaria más cercana impiden que muchas mujeres puedan recibir ayuda pre y posnatal justo cuando son más vulnerables porque carecen de un albergue, de alimentos y de servicios sanitarios adecuados, lo que a su vez conduce a una mortalidad materno-infantil y a abortos que podrían haberse evitado.
En ciertos casos, como en Colombia, la falta de información, por un lado, de los desplazados que no están al tanto de su derecho a acceder a servicios de salud y, por otro, del personal de salud que no es consciente de su obligación de prestar estos servicios, puede disuadir a las desplazadas de solicitar la ayuda que necesitan.
Una de las soluciones sería establecer competencias y desarrollar aquellas ya existentes en las comunidades de migrantes, ya se trate de comadronas o en materia de salud comunitaria. Ello permitiría detectar con antelación los problemas −o eventuales problemas− y saber cuándo es preciso remitir a los pacientes a los servicios competentes.
En Irak y Afganistán, la labor de la OIM en este ámbito comprende la capacitación de desplazadas como comadronas tradicionales a fin de contar con estas competencias que son vitales.
Este tipo de programas también puede servir en comunidades de migrantes en los países de destino. Una de las mayores ventajas que ello trae consigo es que estos trabajadores de salud en las comunidades de migrantes comprenden los factores sociales y culturales que impiden el acceso a los servicios de salud existentes y la aceptación de los mismos.
La Sra. Ndiaye concluyó diciendo: “Para que la situación cambie realmente es preciso que las autoridades proporcionen a todos las migrantes cuidados de salud materno-infantil −un aspecto esencial de la atención primaria de salud. Esta no es una cuestión de salud pública o de derechos humanos, se trata del bien común”.
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